El 3 de junio de 2018 parecía un domingo cualquiera para cientos de familias que habitaban en las comunidades cercanas al Volcán de Fuego. Desde tempranas horas, los habitantes de San Miguel Los Lotes, El Rodeo y otras aldeas realizaban sus actividades cotidianas sin imaginar que, en cuestión de horas, serían testigos de una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Guatemala.
A media mañana, el coloso inició su segunda fase eruptiva de ese año. Según reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), las explosiones comenzaron a intensificarse y lanzaron columnas de ceniza que alcanzaron varios kilómetros de altura. Al mismo tiempo, flujos piroclásticos —mezclas de gases, ceniza y rocas a temperaturas extremadamente altas— descendieron por las barrancas cercanas al volcán.
Al principio, muchos pobladores observaron el fenómeno desde la distancia. Para las comunidades cercanas, las erupciones del Volcán de Fuego no eran algo desconocido. Sin embargo, aquella tarde la situación tomó un rumbo diferente. Los flujos piroclásticos avanzaron con una velocidad devastadora y cubrieron aldeas enteras. En cuestión de minutos, viviendas, caminos y cultivos desaparecieron bajo una mezcla de ceniza ardiente, piedras volcánicas y lodo.
Uno de los lugares más afectados fue la comunidad de San Miguel Los Lotes, en Escuintla. Allí, numerosas familias quedaron atrapadas por la fuerza del material volcánico. Testigos relataron posteriormente que el cielo se oscureció por completo y que el aire se volvió irrespirable. Muchas personas intentaron huir, pero la rapidez del fenómeno natural redujo las posibilidades de escape.
Mientras la emergencia avanzaba, los cuerpos de socorro, bomberos, policías y voluntarios comenzaron las labores de evacuación y rescate. Sin embargo, las condiciones del terreno complicaron las operaciones. Las altas temperaturas del suelo, la caída constante de ceniza y el riesgo de nuevas explosiones obligaron a suspender temporalmente algunas búsquedas. A pesar de ello, decenas de rescatistas continuaron trabajando entre los escombros para localizar sobrevivientes.
Las primeras cifras oficiales fueron aumentando conforme transcurrían las horas. El 4 de junio, CONRED reportaba más de un millón de personas afectadas por la erupción, además de evacuaciones masivas, heridos y fallecidos. La magnitud del desastre superó rápidamente la capacidad de respuesta de muchas instituciones.
Durante los días siguientes, Guatemala vivió jornadas de duelo e incertidumbre. Familias enteras acudían a albergues temporales, hospitales y centros de identificación para buscar noticias de sus seres queridos. Las fotografías de casas sepultadas y calles cubiertas por ceniza comenzaron a circular en medios nacionales e internacionales, mostrando al mundo la dimensión de la tragedia.
Con el paso de los meses, las cifras oficiales continuaron actualizándose. Para finales de 2018, las autoridades habían identificado a 201 personas fallecidas y reportaban 229 desaparecidos relacionados con la emergencia. Miles de personas perdieron sus hogares y numerosas familias tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de las comunidades donde habían vivido durante generaciones.
Además de las pérdidas humanas, la erupción dejó importantes daños materiales. Carreteras, puentes, viviendas y áreas agrícolas quedaron destruidas. Meses después, informes oficiales contabilizaban más de 1.7 millones de personas afectadas y pérdidas económicas significativas para el país.
Hoy, ocho años después de aquel desastre, el recuerdo del 3 de junio de 2018 sigue presente en la memoria colectiva de Guatemala. Las cicatrices permanecen visibles en muchas de las zonas afectadas y en las historias de quienes sobrevivieron. Más allá de las cifras, la tragedia del Volcán de Fuego representa el dolor de familias que perdieron a sus seres queridos y la fortaleza de comunidades que, pese a la devastación, encontraron la manera de reconstruirse.
La erupción de 2018 no solo evidenció la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas cerca de zonas volcánicas, sino también la importancia de los sistemas de prevención, monitoreo y respuesta ante desastres naturales. Ocho años después, aquel domingo sigue siendo recordado como una fecha que marcó para siempre la historia reciente de Guatemala.
